La batalla legal por el futuro de la IA en Estados Unidos
Mientras en España debatimos sobre regulaciones para la IA, en Estados Unidos se libra una guerra abierta por el control normativo de esta tecnología. El reciente fracaso de Donald Trump para incluir una medida federal que bloquearía las leyes estatales sobre IA durante una década en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) marca un punto de inflexión en esta batalla.
La estrategia fallida de Trump y sus aliados
El líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, confirmó que los republicanos buscan ahora «otros lugares» para impulsar esta controvertida medida. No es la primera vez que intentan algo así: ya fracasaron al tratar de incluirla en el presupuesto federal y ahora vuelven a toparse con la resistencia dentro de su propio partido.
Trump ha sido claro en su posición: «DEBEMOS tener un estándar federal en lugar de un mosaico de 50 regímenes regulatorios estatales». Su argumento principal es que la fragmentación normativa podría ralentizar la innovación mientras China nos alcanza en la carrera por la IA. Incluso ha amenazado con emitir una orden ejecutiva si el Congreso no encuentra otra vía legislativa.
Lo curioso es que entre los republicanos que se oponen encontramos figuras como Marjorie Taylor Greene, conocida por su férrea lealtad a Trump en casi todos los temas. Esto demuestra que la regulación de la IA trasciende las habituales divisiones partidistas.
La resistencia bipartidista y el papel de los estados
Si hay algo que caracteriza este conflicto es la inusual coalición que se ha formado contra la propuesta de Trump. Americans for Responsible Innovation (ARI), un grupo bipartidista que aboga por leyes de seguridad para la IA, celebró la eliminación de la medida del NDAA destacando que enfrentaba «el rechazo de una coalición nacional bipartidista de legisladores estatales, padres, líderes religiosos, sindicatos, denunciantes y otros defensores públicos».
Brad Carson, presidente de ARI, lo expresó con claridad: «Los estadounidenses quieren salvaguardas que protejan a los niños, trabajadores y familias, no una zona sin reglas para las grandes tecnológicas».
Y tiene razón en un punto fundamental: los estados pueden actuar mucho más rápido que el gobierno federal. Mientras Washington debate, estados como Nueva York, California, Colorado e Illinois ya han aprobado leyes de transparencia y protección relacionadas con la IA.
La guerra de lobbies de 150 millones de dólares
Para entender mejor lo que está en juego, hay que hablar de dinero. Según Forbes, estamos ante una batalla de lobbying valorada en 150 millones de dólares, con dos bandos claramente definidos:
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ARI y sus aliados: Financiados por redes de donantes centrados en la «seguridad» y el «altruismo efectivo», buscan promover leyes estatales que aborden rápidamente los riesgos emergentes.
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Leading the Future (LTF): Respaldado por algunos de los mayores inversores de Silicon Valley, busca bloquear las leyes estatales y prefiere un marco federal para la regulación de la IA.
El caso emblemático: la ley RAISE de Nueva York
Si hay un símbolo de esta batalla, es la ley RAISE de Nueva York. Aprobada este verano, está pendiente de la firma de la gobernadora Kathy Hochul. Si entra en vigor, gigantes como Google y OpenAI tendrán que presentar evaluaciones de riesgos y seguridad o enfrentar multas de hasta 30 millones de dólares.
Alex Bores, demócrata y autor de la ley, se ha convertido en el objetivo principal de LTF, que planea invertir millones en anuncios para bloquear su candidatura al Congreso en 2026. Según Bores, incluso los grupos industriales que gastan cientos de miles de dólares oponiéndose a su ley han admitido que las empresas tecnológicas solo necesitarían contratar a una persona adicional para cumplirla, lo que demuestra lo «simple» que sería acatar múltiples leyes estatales.
Es interesante que Bores no es anti-tecnología: tiene un máster en informática, dos patentes y casi una década trabajando en el sector. Como él mismo dijo a CNBC: «Si tienen miedo de que personas que entienden su negocio regulen su negocio, se están delatando».
¿Qué está realmente en juego?
Cuando profundizamos en este conflicto, vemos que no se trata solo de regulación versus innovación. Las prioridades de los grupos pro-seguridad incluyen:
- Proteger a los niños de modelos de IA peligrosos
- Prevenir que la IA potencie actividades criminales
- Proteger contra amenazas a la seguridad nacional
- Anticiparse a «riesgos de modelos frontera a largo plazo»
El senador estatal de Nueva York Andrew Gounardes resumió bien la posición de muchos críticos: las empresas de IA «no quieren ninguna regulación en absoluto» y «dicen que apoyan un estándar nacional, pero en realidad, les resulta más barato comprar al Congreso para que no haga nada que intentar comprar a 50 legislaturas estatales».
El impacto político y el sentir ciudadano
Este debate llega en un momento en que «el impacto económico de la IA y el desplazamiento laboral» están «aumentando como preocupaciones de los votantes» antes de las elecciones de medio término. Según Forbes, Public First, una iniciativa bipartidista alineada con ARI, afirma que el 97% de los estadounidenses quiere reglas de seguridad para la IA.
En Nueva York, una encuesta citada por Bores encontró que el 84% de los residentes apoyaba la ley RAISE, solo el 8% se oponía y otro 8% estaba indeciso. Estos números sugieren que la narrativa de Trump sobre priorizar la innovación sin restricciones podría estar desconectada del sentir ciudadano.
Un detector de IA para las políticas públicas
Lo irónico de esta situación es que necesitaríamos un buen detector de IA para distinguir entre los argumentos genuinos y los fabricados por intereses corporativos. Si existiera un generador de imágenes IA que pudiera visualizar esta batalla, probablemente mostraría a legisladores estatales y ciudadanos comunes enfrentándose a gigantes tecnológicos respaldados por capital de riesgo.
La realidad es que esta batalla no trata solo sobre tecnología o regulación, sino sobre poder. ¿Quién debería decidir cómo se desarrolla y despliega la IA? ¿Los estados que pueden actuar rápidamente para proteger a sus ciudadanos? ¿El gobierno federal con su enfoque más amplio pero más lento? ¿O las propias empresas tecnológicas que desarrollan estos sistemas?
La respuesta probablemente no sea blanca o negra. Un enfoque equilibrado permitiría cierta regulación federal para evitar una fragmentación excesiva, pero también daría a los estados la capacidad de actuar cuando identifiquen riesgos específicos para sus ciudadanos. Después de todo, si queremos que la IA beneficie a todos, su gobernanza también debería reflejar múltiples voces y preocupaciones.
Lo que está claro es que el fracaso de Trump para imponer su visión indica que el futuro de la regulación de la IA en EE.UU. sigue siendo un campo abierto. Y eso, considerando los riesgos y oportunidades en juego, quizás no sea tan mala noticia.
