meta y el torrenting de datos para ia una batalla legal que puede cambiar las reglas del juego

Meta y el torrenting de datos para IA: una batalla legal que puede cambiar las reglas del juego

Hay un caso judicial que, si sigues de cerca el mundo de la IA, merece toda tu atención. No porque sea especialmente espectacular en la superficie, sino porque lo que se decida aquí va a afectar de forma directa a cómo las grandes tecnológicas pueden o no pueden entrenar sus modelos de inteligencia artificial en el futuro.

El asunto, resumido: Meta utilizó BitTorrent para descargarse aproximadamente 80 terabytes de obras protegidas por derechos de autor y usarlas como datos de entrenamiento para sus sistemas de IA. Y ahora hay varios demandantes que quieren que eso tenga consecuencias legales.


La infracción que es más fácil de probar

Hay 2 frentes legales abiertos contra Meta por este torrenting. El primero, y el más conocido, es el caso Kadrey v. Meta, una demanda colectiva de autores de libros que acusa a la empresa de infracción directa por distribución de obras con derechos de autor. El problema para los demandantes en esta vía es técnico y tiene que ver con cómo funciona el propio BitTorrent: como el sistema opera con fragmentos de archivos distribuidos entre miles de usuarios, demostrar que Meta sembró (seeded) una obra completa es complicado. No imposible, pero sí difícil de acreditar.

El segundo frente lo abre Entrepreneur Media con una estrategia diferente: reclamar una infracción contributiva. Aquí no hace falta demostrar que Meta distribuyó una obra entera. Basta con acreditar que Meta conocía el funcionamiento del sistema y que, al participar en el enjambre de BitTorrent subiendo fragmentos mientras descargaba, estaba facilitando activamente la infracción de terceros. Y esto, sobre el papel, es bastante más fácil de probar.

La lógica de los demandantes es directa: cualquier persona que use BitTorrent sabe que descargar implica subir. Es el diseño básico del protocolo. Meta no podía ignorar eso.


La jugada de Meta: el fallo del Tribunal Supremo como escudo

Meta no se ha quedado de brazos cruzados. Su estrategia más reciente consiste en aprovechar un fallo reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Cox, que estableció que los proveedores de servicios de internet no son responsables de la piratería que ocurre en sus redes.

La clave está en cómo el Supremo delimitó las teorías válidas de responsabilidad secundaria en casos de infracción contributiva. Según esa resolución, solo hay 2 escenarios donde puede aplicarse:

  1. Una empresa no es responsable por simplemente ofrecer un servicio al público general, aunque sepa que algunos lo usarán para infringir derechos de autor.
  2. Una empresa sí puede ser responsable si los demandantes demuestran que indujo activamente la infracción.

Meta va a argumentar que no indujo nada: que no identificó a nadie concreto con quien compartiera los datos, que no tenía conocimiento específico de infracciones de terceros y que no podía tomar medidas simples para prevenirlas. En definitiva, que no hay inducción activa probada.

El problema con ese argumento es que Entrepreneur Media responde con algo bastante contundente: la inducción no hace falta demostrarla porque en el torrenting es inevitable. No es que Meta pudiera o no saber que habría infracciones de terceros; es que las infracciones son una consecuencia técnica y matemáticamente ineludible del propio sistema. «No era una conciencia generalizada del riesgo, sino conocimiento certero de una consecuencia inevitable», argumentan los demandantes.

Quién tiene razón en esto lo decidirá un juez. Pero no es un debate trivial.


El juez que regañó a los abogados… y aun así les dio la razón

Paralelo a todo esto, el juez federal Vince Chhabria ha tomado una decisión que complica las cosas para Meta: ha permitido que la demanda colectiva de los autores incorpore también la reclamación por infracción contributiva, que hasta ahora solo estaba en el caso de Entrepreneur Media.

Pero lo ha hecho dejando muy claro que los abogados de los autores no se merecían ese favor. El juez no ha tenido especial reparo en escribirlo en su resolución con bastante detalle. Según Chhabria, el equipo legal de los demandantes, especialmente desde que el bufete Boies Schiller tomó la iniciativa, ha pasado demasiado tiempo tratando de «atacar a Meta» y demasiado poco tiempo construyendo argumentos sólidos.

Los abogados podrían haber añadido esta reclamación en noviembre de 2024. No lo hicieron. Y cuando finalmente lo solicitaron, ofrecieron lo que el juez describió como una «excusa lamentable», culpando a Meta de retrasar la fase de descubrimiento de pruebas. Chhabria no se lo compró: si las pruebas que aportaban eran realmente nuevas, ¿cómo habían podido añadir la reclamación de distribución en 2024 sin ellas?

El juez fue bastante directo: «Los abogados deberían haber sido honestos con el tribunal, explicando que habían pasado por alto un asunto en un caso sin precedentes y pidiendo permiso para corregirlo.»

Y aun así les dio la razón. ¿Por qué? Básicamente porque Meta, al pedir que el caso de Entrepreneur Media se alineara con el calendario del caso colectivo, había vinculado ambos procedimientos. Como Meta ya iba a enfrentarse a la reclamación de infracción contributiva de todas formas en el otro caso, no podía alegar perjuicio real si se incorporaba también al caso colectivo. Además, denegar la incorporación habría perjudicado a los miembros ausentes de la demanda colectiva, que habrían perdido para siempre la posibilidad de reclamar por esa vía, sin que fuera culpa suya.


Lo que está realmente en juego

Más allá de los tecnicismos procesales, este caso importa por razones que van mucho más allá de Meta.

Lo que se está dirimiendo aquí es si una empresa puede usar redes de torrenting para recopilar datos de entrenamiento para sus modelos de generador de imagenes IA y otros sistemas, y hacerlo sin consecuencias legales amparándose en que «no hizo más que usar una herramienta disponible». Si los tribunales aceptan ese razonamiento, el impacto para creadores, autores y titulares de derechos de autor será considerable.

Hay otro elemento que conviene no perder de vista: si Meta pierde en la fase de juicio sumario, los autores tienen previsto argumentar que ninguna de las comunicaciones internas de Meta sobre el torrenting debería estar protegida por privilegio legal. Si esa petición prospera, podría quedar al descubierto quién exactamente en Meta autorizó el uso de BitTorrent y qué sabía esa persona sobre cómo funciona el protocolo. Eso, en un caso donde el «conocimiento» es uno de los elementos centrales de la acusación, podría ser determinante.

Por ahora Meta sigue argumentando, entre otras cosas, que las obras en disputa son una fracción pequeña del total de datos que torrento. E incluso ha llegado a sostener que no existe forma de probar que Meta sabía que usar BitTorrent implicaba subir archivos. Eso último, la verdad, cuesta bastante creerlo viniendo de una empresa con ingenieros que llevan décadas trabajando con este tipo de tecnología.


El fallo del Supremo: ¿un regalo para las empresas de IA?

El profesor de Derecho de Internet de la Santa Clara University, Eric Goldman, ha señalado que el estándar que el Supremo ha consolidado en el caso Cox debería favorecer a los demandados en el futuro. Pero también advierte que los titulares de derechos de autor van a invertir mucho dinero en intentar erosionarlo.

La jueza Sonia Sotomayor, que votó con la mayoría pero añadió una opinión concurrente crítica, fue más explícita: advirtió que la resolución podría estar desmantelando los incentivos que el Congreso creó con la DMCA y apuntó que otras teorías de responsabilidad, como la de complicidad, podrían seguir siendo aplicables en el contexto del copyright.

O sea: el fallo del Supremo no cierra el debate, lo redirecciona. Y Meta lo sabe. Por eso está preparando un escrito suplementario que explique exactamente por qué ese fallo debería salvarle el pellejo en el caso de Entrepreneur Media.

Lo que queda claro es que nadie tiene todavía la partida ganada. El terreno legal alrededor del entrenamiento de modelos de IA con datos de terceros sigue siendo un campo minado, y este caso es uno de los más relevantes para entender hacia dónde va a ir todo esto.

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