La EFF contra el espionaje digital: cuando la IA se convierte en arma del Estado
Hay algo que me resulta llamativo de todo esto: durante años, las organizaciones de derechos digitales han tenido que convencer a la gente de que la vigilancia gubernamental importa. Que no es solo un problema de conspiranoicos o de activistas con ganas de pelea. Que hay algo ahí que merece atención. Y de repente, sin que nadie lo haya organizado del todo, el tema ha vuelto al centro del debate. Solo que esta vez no hace falta convencer a nadie.
La razón tiene nombre y apellidos: la segunda administración Trump y el uso de tecnología de vigilancia masiva por parte del ICE —el servicio de Inmigración y Control de Aduanas— para sostener sus operaciones de deportación. Comunidades enteras se han movilizado, incluso personas de ideologías muy distintas han comenzado a desmantelar cámaras de reconocimiento de matrículas. El Departamento de Seguridad Nacional ha intentado —y en gran parte fallado— desvelar la identidad de críticos anónimos en redes sociales. Y la IA ha pasado de ser una promesa tecnológica a convertirse en una herramienta concreta de control estatal.
En este contexto, Cindy Cohn, directora ejecutiva de la Electronic Frontier Foundation (EFF) durante 26 años, ha decidido pasar el testigo. Y lo hace en un momento en que su trabajo —defender la privacidad digital frente a los gobiernos— nunca ha sido tan visible.
Vigilancia gubernamental y Big Tech: dos caras de la misma moneda
Una de las ideas que más me ha llamado la atención del relato de Cohn es algo que parece obvio cuando lo dices en voz alta, pero que pocas veces se formula así de claro: la vigilancia gubernamental se alimenta de la vigilancia privada. No hay una sin la otra.
Durante años, el debate en torno a la privacidad digital se ha bifurcado en 2 grandes frentes: por un lado, las grandes tecnológicas acumulando datos de usuarios; por otro, los gobiernos usando esos datos o sus propios sistemas de espionaje para fines de seguridad nacional. El problema es que se han tratado como problemas separados, cuando en realidad forman parte del mismo ecosistema.
Lo que la administración Trump ha hecho —y esto es lo que Cohn señala con más claridad— es hacer explícito lo que antes se hacía en silencio. Pedir a Facebook que identifique a sus usuarios. Presionar a Apple para que retire aplicaciones de su tienda. Usar infraestructuras de datos privados para rastrear movimientos migratorios. Antes, según Cohn, estas cosas ocurrían pero con cierto disimulo institucional. Ahora se hacen abiertamente, y eso ha cambiado la percepción pública de forma radical.
El precedente histórico que construyó la EFF
La EFF no es una organización cualquiera en este contexto. Fue una de las primeras en llevar a los tribunales la defensa de la privacidad digital cuando internet apenas estaba tomando forma en los años 90. Cohn, como una de sus primeras litigadoras, fue parte de los equipos que tradujeron conceptos técnicos complejos a un lenguaje que los jueces pudieran entender: cómo funciona el cifrado, qué significa una dirección IP, por qué una clave pública no es lo mismo que abrir una puerta de casa.
Su memoir, Privacy’s Defender, publicado este mes de marzo de 2026, recorre 3 grandes casos judiciales que establecieron bases legales fundamentales para la privacidad online. Y uno de los elementos que destaca Cohn es algo que puede parecer anecdótico pero que no lo es: llevar a los tribunales a cypherpunks, hackers y pioneros tecnológicos —personas que claramente no iban de traje— fue una señal poderosa para los jueces. Demostraba que estas causas no eran abstractas. Afectaban a personas reales.
Esa lección es la que ahora quiere replicar la nueva dirección de la EFF.
Nicole Ozer y la nueva batalla: la IA como frontera civil
Quien toma el relevo a partir del 1 de junio es Nicole Ozer, y su perfil es interesante precisamente porque no viene solo del mundo legal. Ozer se formó como estratega antes de convertirse en litigadora, arrancando desde AmeriCorps, donde tuvo contacto directo con estrategas del movimiento por los derechos civiles. Y eso se nota en cómo plantea el trabajo que le espera.
Durante 20 años ha colaborado estrechamente con la EFF, incluyendo su etapa como directora fundadora del programa de Tecnología y Libertades Civiles de la ACLU del Norte de California. No llega como alguien de fuera que tiene que aprender el terreno: llega sabiendo exactamente en qué campo está jugando.
Su prioridad es clara: crecer, tanto hacia dentro de la organización como hacia fuera, ampliando la base de personas involucradas en estos combates legales y políticos. Y para eso, el momento actual es, paradójicamente, una oportunidad.
La IA en manos del gobierno: el escenario que hay que anticipar
El argumento central de Ozer —y que comparte plenamente con Cohn— es que estamos viviendo otra aceleración tecnológica exponencial, esta vez protagonizada por la IA, y que los riesgos que durante años se describían como hipotéticos ya no lo son.
El reconocimiento facial, los lectores de matrículas, los sistemas de análisis predictivo: todo esto lleva años implantándose en estructuras policiales y migratorias. Pero con la llegada de modelos de IA más potentes, la capacidad de vigilancia escala de una forma que hace unos años resultaba especulativa. Hoy, un detector de IA puede identificar patrones de comportamiento en redes sociales. Un generador de imágenes IA puede crear rostros sintéticos para alimentar bases de datos de entrenamiento. Las mismas herramientas que usamos en contextos creativos o cotidianos tienen aplicaciones de control que no siempre son evidentes.
Ozer lo ha documentado en un paper técnico que publicó el año pasado, donde traza posibles caminos para que la ciudadanía recupere el control sobre cómo se aplica la IA en la legislación de privacidad estadounidense. Y la analogía que establece es directa: igual que Cohn tuvo que construir una narrativa comprensible sobre el cifrado en los años 90 para que jueces y legisladores entendieran lo que estaba en juego, ahora hace falta construir esa misma narrativa sobre la IA.
El problema con los sistemas de IA —ya sea un modelo que analiza comunicaciones en masa o un sistema de identificación biométrica— es que son difíciles de explicar. No se ven. No tienen una forma concreta. Y esa invisibilidad los hace más peligrosos desde el punto de vista civil, porque resulta complicado argumentar contra algo que la mayoría de la gente no entiende del todo cómo funciona.
El reto político: de los tribunales al Congreso
Más allá de los pleitos, hay una batalla legislativa que lleva décadas sin resolverse en Estados Unidos: la aprobación de una ley federal de privacidad de datos. Es el objetivo que la EFF persigue desde su fundación, y que hasta ahora ha chocado siempre con el poder de lobbying de las grandes tecnológicas y con la falta de voluntad política.
Cohn apunta que, si las elecciones de mitad de mandato reconfiguran el Congreso, podría abrirse una ventana real para impulsar políticas bipartidistas en materia tecnológica que pongan el interés público por delante del de las plataformas. No es una certeza, es una apuesta. Pero es el tipo de apuesta que alguien que ha pasado 26 años en este terreno puede hacer con cierto fundamento.
Lo que hace que Ozer sea, en palabras de la propia Cohn, la persona adecuada para este momento, es que entiende que la lucha no se gana solo en los tribunales. Hace falta movimiento social. Hace falta que la gente que usa TikTok, que denuncia redadas del ICE en redes sociales, que se preocupa por lo que hace su móvil con sus fotos, sienta que esta lucha es también la suya.
Y aquí es donde la IA vuelve a aparecer, pero desde otro ángulo. Porque la misma tecnología que puede ser un instrumento de control estatal —el reconocimiento facial, el análisis masivo de datos, los sistemas predictivos— también puede movilizar a millones de personas que se reconocen como afectadas por ella. Ozer lo sabe, y eso es parte de su estrategia.
Lo que queda por resolver
No quiero terminar esto con un mensaje demasiado optimista, porque el panorama tiene zonas muy oscuras. La EFF va a operar en un entorno económico complicado —las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro siempre son vulnerables en momentos de incertidumbre— y los adversarios que tiene enfrente tienen recursos prácticamente ilimitados.
Además, hay una tensión real entre la velocidad con la que evoluciona la tecnología y la lentitud con la que se mueven los sistemas legales. Cuando un tribunal establece un precedente sobre un sistema de IA concreto, es posible que ese sistema ya haya sido reemplazado por algo más avanzado. Es el mismo problema que tuvo la EFF con el cifrado, con la vigilancia de metadatos, con el reconocimiento facial. La tecnología siempre va por delante.
Lo que Cohn deja como legado, y lo que Ozer recoge, es una forma de entender este trabajo: no como una serie de casos aislados, sino como la construcción progresiva de un lenguaje jurídico, político y social capaz de acompañar —y frenar cuando hace falta— la evolución tecnológica.
Suena ambicioso. Lo es. Pero también lo era defender el cifrado en los años 90 ante jueces que no sabían muy bien de qué estaban hablando. Y eso, al final, salió bastante bien.
