Cuando la IA choca contra una valla de madera: agricultores que rechazan millones por sus tierras

La inteligencia artificial necesita infraestructura. Mucha. Y esa infraestructura ocupa espacio físico, consume agua, devora electricidad y, cada vez más, tiene que instalarse en algún lugar. Ese lugar, con demasiada frecuencia, es el campo. El problema es que resulta que el campo tiene dueños, y algunos de esos dueños no están dispuestos a moverse ni por decenas de millones de euros.

En los últimos meses, The Guardian publicó un reportaje que retrata algo que, visto desde fuera, parece casi inverosímil: agricultores estadounidenses rechazando ofertas millonarias de empresas tecnológicas que quieren construir centros de datos en sus tierras. No por falta de información, no por desconocer el dinero que dejan sobre la mesa, sino porque sencillamente no quieren vender. Así de simple y así de radical.

El boom de los centros de datos y la presión sobre el territorio rural

Para entender lo que está pasando, hay que poner el contexto en orden. La demanda de IA está creciendo a un ritmo que pocos anticipaban. Según proyecciones recientes, la capacidad instalada de centros de datos podría crecer un 165% de aquí a 2030. Hines Research estima que, solo en los próximos 5 años, harán falta unas 40.000 acres de terreno a nivel global para sostener ese crecimiento.

Las zonas rurales se han convertido en objetivo prioritario por razones bastante lógicas desde el punto de vista empresarial: normativas de zonificación más laxas, electricidad barata y acceso a agua en abundancia. Si eres un ejecutivo de Silicon Valley buscando dónde plantar el próximo megacentro de datos, un condado rural del Midwest con poca regulación y muchas hectáreas libres suena perfectamente razonable sobre el papel.

El problema es que esas hectáreas no son terrenos vacíos. Son granjas con historia, con familias, con décadas de trabajo y, en muchos casos, con generaciones enteras que han vivido y muerto en esa tierra.

«No hay suficiente dinero»: las historias detrás de los rechazos

Ida Huddleston tiene 82 años y vive en Kentucky. Una empresa del Fortune 500 le ofreció 33 millones de dólares por sus 650 acres. Los rechazó. No porque no entendiera lo que vale esa cantidad, sino porque lo entendía perfectamente y seguía sin importarle.

«No tienes suficiente para comprarme. No estoy en venta. Déjame en paz, estoy satisfecha.»

Pero lo que hace su historia especialmente llamativa no es solo el rechazo, sino el proceso previo. Huddleston, junto a otros 5 vecinos del condado, se negó a avanzar cuando les pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad solo para saber con quién estaban negociando. Tuvo que buscar en registros públicos para enterarse de que había un centro de datos en proyecto en su zona. Esa falta de transparencia, dicen los agricultores afectados, no es un detalle menor: lo que el comprador piensa hacer con la tierra importa.

A unos kilómetros de allí, Timothy Grosser, de 75 años, rechazó algo todavía más contundente: una empresa le dijo que pusiera él el precio por sus 250 acres. Su respuesta fue que no había ningún precio. La granja es donde vive, donde caza, donde cría ganado y donde su nieto caza un pavo cada Navidad para la cena familiar. «El dinero no vale renunciar a tu estilo de vida», dijo.

En Wisconsin, Anthony Barta no solo pensaba en su propia granja al evaluar la oferta que recibió, sino en qué pasaría con los 1.000 animales que cría y con los vecinos cuyos campos lindan con el suyo. A uno de esos vecinos le ofrecieron entre 70 y 80 millones de dólares por 6.000 acres. La pregunta de Barta no era cuánto cobraba él, sino qué le pasaría a su comunidad si aquello prosperaba.

Y luego está Mervin Raudabaugh Jr., de 86 años, que llevaba 51 años ordeñando vacas en Pensilvania cuando empezó el acoso de las tecnológicas. Su solución fue creativa: en lugar de vender, acogió su tierra a un programa estatal de preservación agrícola que la blinda legalmente ante futuros desarrollos. A cambio, cobró aproximadamente un octavo de lo que le ofrecían los promotores. Dice que mereció la pena solo por no tener que volver a escuchar sus llamadas.

«Esta gente me ha hecho la vida imposible», declaró.

No es solo el dinero: agua, ruido, PFAS y el futuro del campo

Lo que está en juego va mucho más allá del precio por hectárea. Las comunidades rurales se enfrentan a transformaciones que no son fáciles de revertir una vez que empiezan.

Impacto ambiental y de salud pública

Jonathan Kalmuss-Katz, abogado de la organización medioambiental Earthjustice, advierte sobre uno de los riesgos menos conocidos: los centros de datos generan residuos que pueden contener sustancias perfluoroalquiladas, conocidas como PFAS o «químicos eternos», porque no se degradan. Estas sustancias ya están presentes en los equipos de refrigeración y extinción de incendios de muchas instalaciones.

«Sabemos que hay PFAS en estos centros, y todo eso tiene que ir a algún sitio. Este problema ha sido peligrosamente poco estudiado mientras hemos ido construyendo centros de datos, y no hay información suficiente sobre cuáles serán los impactos a largo plazo», señaló.

Además del riesgo químico, los vecinos denuncian el ruido constante de los sistemas de refrigeración, el impacto visual de las construcciones masivas y la presión sobre las redes eléctricas y de agua locales, que en muchas zonas rurales ya van justas.

Comunidades que combaten el rezonificado

Varios municipios han intentado frenar legalmente los proyectos bloqueando las solicitudes de cambio de uso del suelo que permitirían construir centros de datos en terrenos calificados como agrícolas. Pero no siempre ganan. En al menos un caso documentado en Michigan, una empresa promotora que trabajaba para una tecnológica sin identificar llegó a demandar al municipio para forzar la aprobación del proyecto. El municipio acabó llegando a un acuerdo.

El contexto económico lo complica todo

Hay una paradoja en todo esto que no es fácil de ignorar. Los agricultores están rechazando fortunas en un momento en que el sector agrario estadounidense pasa por una de sus etapas más difíciles.

La Unión Nacional de Agricultores publicó un comunicado en febrero de 2026 alertando de que «muchas familias agricultoras y ganaderas ya han sentido las consecuencias» de los aranceles impulsados por la administración Trump, que han disparado costes, interrumpido ventas y desencadenado represalias que afectan a productos agrícolas estadounidenses. «En una economía agraria ya frágil, la incertidumbre ha golpeado con más fuerza a las explotaciones familiares», declaró Rob Larew, presidente de la organización.

A esto se suma que el número de granjas en Estados Unidos lleva años cayendo. Solo en 2025, el país perdió unas 15.000 explotaciones, sin que ningún estado registrara un aumento. La tendencia no es nueva, pero tampoco frena.

Y aun así, en ese contexto de presión financiera y reducción del tejido agrario, los agricultores siguen diciendo que no. Eso dice mucho.

Lo que revela este conflicto sobre la IA y el territorio

Este choque entre la expansión de la infraestructura de IA y la resistencia de las comunidades rurales deja varias cosas sobre la mesa.

Primero, que el crecimiento tecnológico tiene consecuencias físicas y sociales que raramente se discuten cuando hablamos de modelos de lenguaje, generadores de imágenes IA o detectores de IA. Detrás de cada petición a un sistema de IA hay servidores, refrigeración, agua y electricidad. Y ese espacio sale de algún sitio.

Segundo, que las estrategias de adquisición de terreno que usan muchas empresas tecnológicas, con intermediarios opacos, acuerdos de confidencialidad y presión sostenida, generan desconfianza legítima. Si el primer paso para negociar es ocultar quién eres y qué vas a hacer, no es de extrañar que la respuesta sea un portazo.

Y tercero, que el valor que las personas atribuyen a sus tierras no siempre es económico, y que eso puede frustrar planes millonarios sin previo aviso. Huddleston lo resumió con una frase que no necesita mucho más contexto: «Toda mi vida no es más que la tierra. Me ha dado todo lo que he necesitado en 82 años».

Ante eso, ni el mayor fondo tecnológico del planeta tiene mucho que ofrecer.