Trump resucita el plan de Ted Cruz para castigar a los estados con leyes sobre IA
En un movimiento que ha generado controversia en el ámbito tecnológico, el presidente Trump está considerando una orden ejecutiva que obligaría al gobierno federal a demandar a los estados que implementen sus propias leyes sobre IA e impediría que estos accedan a fondos para banda ancha.
El retorno de una idea rechazada: bloquear a los estados que regulen la IA
La orden ejecutiva, titulada «Eliminación de la Obstrucción de las Leyes Estatales a la Política Nacional de IA», ordenaría al fiscal general «establecer un Grupo de Trabajo de Litigios sobre IA» con la única responsabilidad de impugnar las leyes estatales de IA. El argumento principal sería que estas regulaciones «regulan inconstitucionalmente el comercio interestatal, están preemptadas por regulaciones federales existentes o son ilegales según el criterio del Fiscal General».
El borrador menciona específicamente las leyes promulgadas por California y Colorado, dirigiendo al Secretario de Comercio a evaluar si otras legislaciones estatales también deberían ser impugnadas.
Lo que me llama la atención es que esta propuesta resucita una idea que ya fue presentada por el senador Ted Cruz (R-Texas) meses atrás, y que fue rechazada casi por unanimidad en una votación de 99-1 en el Senado. Incluso el propio Cruz acabó votando contra su propuesta. Sin embargo, ahora vuelve con fuerza bajo el amparo presidencial.
El impacto en los fondos de banda ancha
El borrador de Trump afectaría aproximadamente a la mitad de los 42.000 millones de dólares del programa BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment), diseñado para llevar internet de alta velocidad a hogares y empresas que carecen de acceso moderno.
Es importante contextualizar que la administración Trump ya había desechado los planes de la era Biden para distribuir este dinero, exigiendo a los estados reescribir sus propuestas con alternativas de menor coste. Debido a esta reestructuración, se prevé que solo la mitad de los fondos asignados originalmente por el Congreso en 2021 se destinarán realmente al despliegue de banda ancha.
Lo más preocupante es que la orden ejecutiva establecería que «los Estados con leyes de IA identificadas conforme a la sección 4 de esta orden no son elegibles para recibir fondos no destinados al despliegue, en la máxima medida permitida por la ley Federal».
Más allá de la banda ancha: otras subvenciones en riesgo
Las restricciones de financiación podrían extenderse más allá del internet de alta velocidad. El borrador ordenaría a las agencias federales «evaluar sus programas de subvenciones discrecionales y determinar si pueden condicionar dichas subvenciones a que los Estados… no promulguen leyes de IA que entren en conflicto con la política de esta orden».
Además, la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) tendría que iniciar un proceso para determinar si adoptar un estándar federal de informes y divulgación para modelos de IA que anule las leyes estatales contradictorias. Por su parte, la FTC (Comisión Federal de Comercio) debería emitir una declaración detallando las circunstancias en las que las leyes estatales que requieren modificaciones a las salidas veraces de los modelos de IA quedan anuladas por la prohibición de la FTC sobre prácticas engañosas.
La oposición bipartidista
Cuando Cruz propuso una moratoria para restringir la regulación estatal de la IA a mediados de 2025, encontró una fuerte oposición bipartidista. La senadora Marsha Blackburn (R-Tennessee) argumentó entonces: «Hasta que el Congreso apruebe legislación federal prioritaria como la Ley de Seguridad Infantil en Línea y un marco de privacidad en línea, no podemos impedir que los estados promulguen leyes que protejan a sus ciudadanos».
La senadora Maria Cantwell (D-Washington) también se opuso al plan de Cruz, señalando que anularía «buenas leyes estatales de protección al consumidor» relacionadas con llamadas automáticas, deepfakes y vehículos autónomos.
La estrategia legislativa de Trump
Más allá de revivir el plan de Cruz, el borrador de la orden ejecutiva de Trump busca nueva legislación para anular las leyes estatales. La orden dirigiría a los funcionarios de la administración Trump a «preparar conjuntamente para mi revisión una recomendación legislativa que establezca un marco regulatorio federal uniforme para la IA que prevalezca sobre las leyes estatales de IA que entren en conflicto con la política establecida en esta orden».
El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise (R-Louisiana), ha sugerido que una prohibición de las leyes estatales de IA podría incluirse en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Los demócratas están intentando mantener esta prohibición fuera del proyecto de ley.
El senador Jack Reed (D-Rhode Island), miembro del Comité de Servicios Armados, defendió el papel de los estados: «Tenemos que permitir que los estados tomen la iniciativa porque hasta ahora en Washington no hemos podido elaborar la legislación apropiada».
La justificación de Trump: competir con China
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que los estados están «tratando de incrustar la ideología DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en los modelos de IA». Su argumento principal es que «DEBEMOS tener un Estándar Federal único en lugar de un mosaico de 50 Regímenes Regulatorios Estatales. Si no lo hacemos, China nos alcanzará fácilmente en la carrera de la IA».
¿Qué significa esto para el futuro de los detectores de IA y generadores de imágenes IA?
Este enfrentamiento entre regulaciones federales y estatales podría tener profundas implicaciones para herramientas específicas como los detectores de IA y los generadores de imágenes IA. Los detectores de IA, por ejemplo, podrían enfrentarse a estándares inconsistentes si cada estado impone diferentes requisitos de precisión o transparencia.
Para los generadores de imágenes IA, las consecuencias podrían ser aún más complejas. Algunos estados han comenzado a implementar requisitos de marcado de agua o divulgación para imágenes generadas por IA, mientras que otros están considerando restricciones sobre ciertos tipos de generación de contenido. Una regulación federal uniforme eliminaría estas diferencias, pero también podría impedir que los estados aborden preocupaciones locales específicas.
Lo que está claro es que este plan representa un cambio radical en cómo se regularía la IA en Estados Unidos, priorizando un enfoque federal uniforme sobre la experimentación regulatoria a nivel estatal. El tiempo dirá si esta estrategia fomentará realmente la innovación o simplemente creará un vacío regulatorio que beneficie principalmente a las grandes empresas tecnológicas.
